LA ASAMBLEA DE "AGUARA".
Esta Asamblea, generalmente llamada de "La Yaya", no fué hasta el día 5 de Octubre de 1897, en que celebrara su primera sesión en ese lugar.
Disponiéndose por el artículo 15 de la Ley Fundamental, sancionada por el Consejo de Gobierno en sesión celebrada en "Manacas de Jobosí" (Las Villas) el 17 de Enero de 1897, que los Representantes electos concurrieron "con la debida anticipación a la residencia del Gobierno para poder celebrar sesión el día 2 de Septiembre, fué en esa fecha y en ocasión de encontrarse acampado el Consejo de Gibierno en "Aguará", donde con asistencia de los Representantes Enrique Collazo, Lope Recio, Manuel Despaigne, Cárlos Manuel de Céspedes, Tomás Pardo, José Fernández de Castro, José Fernández Roldán, Manuel Rodríguez y Aurelio Hévia, celebró su sesión preliminar la generalmente llamada Asamblea de "La Yaya"; y la que hubo de ser convocada a tenor de lo prevenido por el artículo 24 de la Constituyente en vigor, que señalaba un término de dos años para poder ser modificada y elegir un nuevo Consejo de Gobierno.
Los Representantes antes citados procedieron a reunirse el día 2 de Septiembre y en vista de no haber concurrido ninguno de los Representantes del cuarto, quinto y sexto Cuerpo del Ejército y faltar uno del primero y otro del tercero, resolvieron levantar acta en que constara dichos extremos, procediendo a celebrar una sesión preparatoria, en la que hubo de acordarse por unanimidad:
"Primero: Reunirse todos nuevamente en la residencia del Gobierno el día 15 del propio mes, si antes no tuviesen noticias de haber pasado la Trocha de Jácaro a Morón, por lo menos cuatro Representates del Departamento Occidental.
Segundo: Encargar a los ciudadanos Tomás Padró y Carlos Manuel de Céspedes, para que redacten un proyecto de Reglamento interior, a fin de presentarlo a la Asamblea una vez definitivamente constituida.
Tercero: Encargar al ciudadano Manuel Ramón Silva Zayas, para que redactase la presente acta.
Cuarto: Pasar al ciudadano Presidente del Consejo de Gobierno atento comunicación, notificándole el harberse reunido los referidos Representantes y levantado el acta correspondiente.
Con lo anteriormente expuesto se dió por terminada aquella sesión preparatoria, no volviéndose a reunir los asambleistas hasta el 18 de ese propio mes en que lo realizaron en la propia residencia del Consejo de Gobierno, en "Aguará", bajo la Presidencia del Representante Enrique Collazo, actuando como Secretario el también Representante Aurelio Hevia.
Constituídos en junta, la Presidencia manifestó que la reunión tenía por objeto el determinar la actitud que debería adoptarse llegado el día diez y nueve, vista la dificultad creada por no estar presentes todos ni la mayoría de los Representantes, así como tampoco tener noticias alguna de las elecciones llevadas a cabo en Occidente.
Discutido ampliamente el asunto, en el que tomaron parte todos los Representantes, y examinada en todos sus aspectos la cuestión, se acordó por unanimidad: Que, siendo los Representates mandatarios del pueblo, debían ajustar su conducta al mandato recibido; y que, si bien era verdad que por ausencia de muchos de los Representantes, no podían los presentes constituir la mayoría absoluta de la representación que la Ley determinaba, también lo era que, quedaría el pueblo sin ninguna, puesto que desde ese día dejaba de regir la Constitución, según lo dispuesto por el artículo 24 de la misma, cesando desde luego todos los poderes que de ella dimanaban y creándose una situación anárquica. Que, no existiendo ningún precepto legal que prescribiera cual fuero el número de Representantes necesarios para constituirse en Asamblea, y ya que por circunstancias que no fueron previstas, o fortuitas, han impedido la reunión de una mayoría, no debían dejar incumplido el mandato que debieran de sus electores, ni por consecuencia sin representación al país, debiendo, además, tener en cuento lo conveniente e importante que sería, para mantener el prestigio de la Revolución en el exterior, que la Asamblea se constituyera, y que, estimando que los asuntos que el artículo 24 de la Constitución somete a la diliberación de la Asamblea, son de tal magnitud y trascendencia, que debieran ser discutidos por lo menos por la mayoría de ésta, para más autoridad en sus resoluciones, se aplazaran dichos asuntos por creerlos un deber patriótico y de sana política, hasta que existiera la mayoría absoluta de los Representantes; pudiendo, no obstante, discutirse las actas de los presentes y otros trabajos referidos al régimen interior de la misma.
Por los anteriores fundamentos, los asambleistas resolvieron:
Primero:—Que los Representantes presentes se constituyan en Asamblea el día diez y nueve próximo, en cumplimiento del mandato de sus electores y conforme a las prescripciones de la Ley.
Segundo:—Que la Asamblea asuma la representación nacional y los Supremos Poderes de la República, todo vez que el artículo 24 de lo Constitución prescribe de un modo terminante que deja de regir el mencionado día, cesando por tanto los poderes por la misma instituidos.
Tercero:—Que aplazará la discusión de los asuntos encomendados a sus decisiones por el artículo 24 de la Constitución, puesto que los Representantes presentes no constituyen su mayoría absoluta, hasta tonto que la reuno; pudiendo, no obstante, comenzar los trabajos preliminares de instalación, de discusión de actas y régimen interior de la misma Asamblea; y
Cuarto:—Que se comunique por el Presidente, al del Consejo de Gobierno, que los Representantes han acordado constituirse en Asamblea el día de moñona a las dos de lo tarde, a fin de que se sirvan remitir al local de Sesiones los antecedentes y actas electorales que obren en su poder.
En la propia finco "Aguará", a las doce del día 19 de Septiembre de 1897, se reunieron el Presidente del Consejo de Gobierno, Salvador Cisneros Betancourt, el Vice-presidente Mayor General Bartolomé Masó, los Secretarios de Guerra Carlos Roloff, del Exterior Coronel Rafael M. Portuondo, del Interior Dr. Santiago García Cañizares, de Hacienda licenciado Severo Pina y los Representantes del pueblo, ciudadanos Enrique Collazo, Lope Recio, Manuel Despaigne, Carlos Manuel de Céspedes, Tomás Padró Griñán, José Fernández de Castro, José Fernández Rondan, Manuel Rodríguez Fuentes y Aurelio Hevia, declarándose abierto el período constituyente de 1897.
Dada la bienvenida a los nuevos Representantes por el doctor García Cañizares, a nombre del Consejo de Gobierno, contestando el Representante Enrique Collazo a nombre de sus compañeros, procediendo seguidamente el Consejo de Gobierno a abandonar el salón de sesiones, donde continuaron reunidos los asambleistas, quienes procedieron a la elección de la Mesa provisional, resultando electos para formarla Enrique Collazo como Presidente y como Secretarios, Carlos Manuel de Céspedes y Aurelio Hevia.
Los Representantes acordaron declararse constituidos en Asamblea y que los acuerdos fueran comunicados al Gobierno saliente, siendo redactado el primero de ellos en la siguiente forma:
"Que abierto el período constituyente por el Presidente del Consejo, señor Cisneros Betancourt, según lo previene el artículo 24 de la Constitución, los Representantes presentes se declaraban constituidos en Asamblea, en cumplimiento del mandato recibido de sus electores y conforme con las prescripciones de la Ley".
A propuesta del Representante Céspedes Quesada de que la Asamblea acordara autorizar a los miembros del Consejo de Gobierno para que continuaran el en ejercicio de sus funciones administrativas y de mera tramitación hasta tanto se resolviera otra cosa, el Representante Fernández de Castro, manifestó que dicho autorización debería limitarse a los Secretarios de Estado únicamente, para que éstos continuaran en el despacho de sus respectivas carteros. Sometido el asunto a votación triunfó lo propuesto por Céspedes Quesada por siete votos contra cuatro.
A solicitud del Representante Mendoza Guerra, interesando el nombramiento de una comisión que recibiera y saludara a varios Diputados procedentes de Occidente, que habían cruzado la Trocha de Júcaro a Morón, así lo acordó la Asamblea, designando a los miembros de la misma Recio Loynaz, Padró Griñan y al propio Mendoza Guerra.
El día 20 de Septiembre, la Asamblea se reunió en el propio lugar y a solicitud del Representante Hevia Alcalde de que las actas de las sesiones fueran autorizadas solamente con las firmas del Presidente y los Secretarios, poniéndose al márgen el nombre de todos los asistentes, hubo de oponerse a ello el Representante Rodríguez Fuentes, por entender que bien podía imponerse esa pequeña molestia a los asambleistas, en obsequio de dar mayor autenticidad a las actas, por lo que el Representante Hevia retiró su proposición.
En esta sesión fué aprobada una proposición de la Presidencia, en el sentido de que debería procederse al examen y discusión de las actas de todos los Representantes, previa la información de una comisión que se designara al efecto, siendo depositadas sobre la mesa las credenciales correspondiente a los señores Lope Recio Loynaz, Manuel Rodríguez Fuentes, Tomás Padró Griñán, José Fernández de Castro, José Fernández Rondán, Manuel Ramón Silva y Zayas, Pedro Mendoza Guerra, Manuel Despaigne Revery, Carlos Manuel de Céspedes Quesada, Aurelio Hevia Alcalde y Enrique Collazo Tejada.
La Comisión de Actas quedó integrada por los miembros de la Asamblea Recio Loynaz, Fernández de Castro, Fernández Roldán y Hevia Alcalde.
La última sesión celebrada por la Asamblea en "Aguará", lo fué el día 24, fecha en que la Comisión designado en la sesión anterior para que procediera al examen de las actas de los Representantes presentes, hubo de emitir su informe en sentido favorable, entendiendo que deberían ser investidas de las prerrogativas anexas a sus cargos.
Una vez aprobado el dictamen de que se trataba, se pasó a discutir cada una de las credenciales a que el mismo se contraía, siendo aprobadas y, por tanto, reconocidos como Representantes todos los favorecidos.
En la enmienda que presentara el Representante Céspedes Quesada, interesando que la Asamblea deliberara acerca de las elecciones celebradas en la primera Brigada de Manzanillo, calificándolas y determinando quien debería ocupar el puesto de Suplente del Segundo Cuerpo, rcayó el acuerdo de dejar aplazado el asunto para otra oportunidad, "por lo avanzado de la hora".
En la primera sesión celebrada por la Asamblea en "La Yaya", que lo fué con fecha 5 de Octubre, se conoció de un escrito del Consejo de Gobierno de fecha 21 de Septiembre anterior, por el que interesaba ciertas aclaraciones en relación con determinados acuerdos adoptados por ese Cuerpo deliberativo, por estimarlos contradictorios, pues en tanto que en dos de ellos se consignaba de manera terminante el haberse constituído la Asamblea, "asumiendo la Representación Nacional y los Supremos Poderes de la República", erigiéndose por tanto gobierno de ella, haciendo uso de las facultades que a la Asamblea señalaba el artículo 24 de la Constitución; en el tercer acuerdo se comprometía a no intervenir en los "asuntos encomendados a sus decisiones", fundándose para ello en que los Representantes presentes no constituían la mayoría absoluta. La Asamblea acordó, a propuesta del Representante Rodríguez Fuentes, que se hiciera saber por segundo vez al Consejo de Gobierno "que constituída la Asamblea, había asumido todos los Poderes de la República" y que "solo había autorizado a los miembros del Consejo para que continuaran en sus funciones administrativas, en aquellos asuntos de mera tramitación".
Antes de dar término a la sesión, la Presidencia se dirigió a los Representantes Tomás Padró y Carlos Manuel de Céspedes, interesando de los mismos la redacción del Reglamento interior de la Asamblea, cuya labor les había sido encomendada.
En el propio lugar, "La Yaya", la Asamblea se reunió nuevamente el día 10 del propio mes, actuando la misma Mesa de carácter provisional.
Por el Secretario actuante se dió cuenta de la existencia de las actas de los Representantes doctores Domingo Capote, Ernesto Fonst Sterling, José B. Alemán, Nicolás Alberdi, Feranado Freyre de Andrade, Andrés Moreno de la Torre, Manuel Alonso, Eusebio Hernández, Cosme de la Torriente, José Lacret Morlot, Lucas Alvarez Cerice, Fermín Valdés Domínguez y Salvador Cisneros Betancourt.
La Asamblea acordó que la Comisión examinadora procediera al examen de las mismas, emitiendo el oportuno dictamen.
Habiéndose dado lectura por el Secretario Hevia al informe emitido y concedida por la Presidencia la palabra al objeto de que el mismo fuera discutido, hizo uso de la misma el doctor Eusebio Hernández, el que hubo de expresarse en los siguientes términos:
"He venido a la guerra con el firme propósito de trabajar por la libertad, la justicia y el decoro de su pueblo, que tenía la honra de poder declarar muy alto en todas circunstancias protestó enérgicamente contra la injusticia, los abusos de autoridad y los tendencias más o menos encubiertas de matar las energías del país cubano, reduciéndolo al servilismo que ha hecho la desgracia de algunas de nuestras Repúblicas vecinas. Que para conseguir ese resultado, dijo, he tenido que hacer el sacrificio de mi posición, y lo digo para que se sepa por ese hecho que he tenido razón en adoptar aquella avtitud".
Durante el curso de su peroración, el doctor Hernández hizo inculpaciones contra una alta autoridad militar,
que nada tenía que ver en el asunto, que se consideraba con el derecho de hacer las elecciones, designando e imponiendo candidatos, significando a la vez que en Las Villas no se había permitido votar al elemento civil, teniendo la seguridad de que ello no obstante había triunfado su candidatura de Diputado, habiendo recibido solamente el acta de Suplente. Que tenía pruebas de que para el acta que se le había otorgado en Pinar del Río había sido propuesto por el General en Jefe que lo recomendó a algún jefe militar "con la eficacia que pueden hacerlo los que tienen por ley su voluntad".
Que no pudiendo representar a Las Villas, que expontáneamente le ofreciera la inmensa mayoría de sus votos, en manera alguna podía permanecer tranquilo en el seno de la Asamblea donde aparecería como un Representante del General en Jefe, y que él no habría de representar otros intereses que los de su Patria; terminando pidiendo se le devolvieran las actas.
El doctor Freyre de Andrade expuso que el doctor Hernández no podía retirar su acta de Representante, por el hecho de haberla entregado a la Comisión examinadora y haberse personado en la Asamblea, quedando sometido a lo que ésta puidera acordar.
En vista de las reitiradas manifestaciones del doctor Hernández interesando la devolución del acta en cuestión, la Asamblea aprobópor unanimidad una moción del doctor Hevia, acordando que el Representante Hernández no podía retirar el acta entregada a la comisión informadora hasta tanto no se resolviera sobre el dictámen que en la misma recayera.
La Asamblea acordó se procediera a la lectura de los nombres de cada uno de los Representantes incluidos en el informe de la comisión de actas, teniéndose desde luego por admitidos a todos aquellos cuyas actas no diesen origen a ninguna discusión, dando el siguiente resultado:
Primer Cuerpo:
Enrique Collazo Tejada.
Aurelio Hevia Alcalde.
Tomás Padró Griñán.
Manuel Despaine Revery.
Segundo Cuerpo:
Manuel Rodríguez Fuentes.
José Fernández de Castro.
José Fernández Rondán.
Carlos M. de Céspedes Quesada.
Tercer Cuerpo:
Salvador Cisneros Betancourt.
Lope Recio Loynaz.
Manuel Ramón Silva Zayas.
Pedro Mendoza Guerra.
Suplente:
Melchor Loret de Mola Mora.
Cuarto Cuerpo:
Domingo Méndez Capote.
Ernesto Font Sterling.
José B. Alemán Urquiza.
Nicolás Alberdi González.
Suplente:
Quinto Cuerpo:
Fernando Freyre de Andrade.
Fermín Valdés Domínguez.
Andrés Moreno de la Torre.
Manuel Alfonso Seijas.
Sexto Cuerpo:
Eusebio Hernández Pérez.
Cosme de la Torriente Peraza.
José Lacret Morlof.
Suplente:
En la propia sesión del día 10, por la Presidencia fué propuesto y así se acordó, se procediera a la elección de la Mesa definitiva, resultando electo Presidente el doctor Domingo Méndez Capote y Vicepresidente el General José Lacret Morlot, siendo confirmados en sus cargos los Secretarios Céspedes Quesada y Hevia Alcalde.
En esta propia sesión —que resultó pródiga en incidentes— tanto el Presidente Capote como el Secretario Céspedes Quesada, presentaron las renuncias de sus cargos, renuncias que se vieron obligados a retirar a reiteradas súplicas de la generalidad de los miembros de la Asamblea.
Suspendido este acto por lo avanzado de la hora —doce y diez minutos p.m.— fué reanudada a las tres de la tarde.
El Presidente manifestó que, de conformidad con lo acordado en 19 de Septiembre anterior, la Asamblea entraba de lleno en las funciones que le estaban encomendadas, por el artículo 24 de la Constitución de 1895.
Concedido la palabra al doctor Valdés Domínguez, este hubo de manifestar tener noticias de que en su contra se practicaban unas diligencias mandadas a instruir por acuerdo de un Consejo de Guerra, de las cuales solamente sabía su existencia, pues nunca había declarado en ellas, y que como este era un hecho que le afectaba en su calidad de Representante, y como por otro lado tenía limpia su conciencia, solicitaba de la Asamblea pidiera al Consejo de Gobierno todos los antecedentes referentes a dicho asunto, habiendo aceptado la representación del quinto Cuerpo, porque no se consideraba procesado, en virtud de que el Consejo de Gobierno hacia ya un año que había contestado al General en Jefe que no resolvía sobre una propuesta hechaª hasta tanto no se resolviera un expediente que se tramitaba sobre hechos punibles que se le atribuían, sin que hasta la fecha se le hubiera llamado a declarar,
El Representante Rodríguez Fuentes, expuso que a él le constaba la existencia, no de unos diligencias, sino de dos procesos en tramitación contra el doctor Valdés Domínguez, como Jefe de Despacho que fué del Cuarto Cuerpo, existiendo antecedentes de uno de ellos en los referidas oficinas del Gobierno, formulando la proposición de que se pidieran informes al Conseo de Gobierno y al Jefe del Departamento respectivo, en el sentido de si el doctor Valdés Domínguez se encontraba o no procesado, por qué delitos, así como la situación en que se encontrara o encontraran el o los procesos que hubiere contra él.
Siendo tomada en consideración la proposición del Representante Rodríguez Fuentes, el doctor Valdés Domínguez interesó se trajeran a la Asamdlea los expedientes originales que contra él existieran, a lo que se opuso el Representante Alemán, por entender que esos documentos deberían obrar en poder de los jueces que los instruían, siendo bastante un testimonio del auto de procesamiento dictado contra el doctor Valdés Domínguez para determinar si podía o no ser Representante.
Al significar el doctor Freyre de Andrade que se hacía preciso la Asamblea acordara si admitía por ahora como Representante al doctor Valdés Domínguez, o si éste quedaba en suspenso hasta tanto se conociera el testimonio del proceso, el aludido expuso que al hacer uso de la palabra lo había realizado con el propósito de no ocupar su puesto en la Asamblea, hasta tanto esta no tuviera el pleno convencimiento de que no estaba procesado y por tanto imposibilitado para ejercer el cargo.
A la proposición del Representante Rodríguez Fuentes se adicionó el que la aprobación del acta en cuestión quedara en suspenso hasta tante se recibieran los informes referentes al caso, lo que fué aprobado por unanimidad.
Habiendo solicitado el Representante Mendoza Guerra se diera lectura al informe de la Comisión de Actas en lo referente al señor Salvador Cisneros Betancourt, y realizado así, expresó que no creía existiera incompatibilidad ninguna en el orden legal para que el mismo hubiera sido elegido Representante en ocasión de desempeñar el cargo de Presidente del Consejo de Gobirno, por entender que el artículo sexto de la Constitución, único en que podía fundar su dictamen la Comisión, no era aplicable.
Habiendo hecho uso de la palabra el señor Cisneros Betancourt, para defender su acta, intervinieron en el debate los Representantes Céspedes Quesada, Alfonso y Hevia, acordándose por la Asamblea, a propuesta del Representante Mendoza Guerra, la aprobación del acta en cuestión.
Por haber renunciado los señores Padró y Céspedes el encargo de redactor un reglamento para el régimen interior de la Asamblea, se procedió a la designación de una nueva Comisión, resultando electos por votación secreta, los Representantes Freyre de Andrade, Silva y Moreno de la Torre.
Habiéndose suspendido la sesión por breves minutos, ésta fué reanudada a las 4 de la tarde, siendo anunciada por la Presidencia la llegada del Consejo de Gobierno, que se presentaba a rendir cuenta de sus gestiones.
En estos precisos momentos surgió un incidente, debido a la protesta formulada por el Representante Rodríguez Fuentes y otros compañeros, debido a encontrarse sobre la mesa una comunicación del Consejo de Gobierno, participando que aceptada la invitación de la Asamblea de concurrir a la sesión, en la que aparecía una nota marginal suscrita por el Secretario Céspedes, de haberse dado cuento con ella en el anterior período de la sesión, lo que hubo de provocar la salida del local de varios miembros del Consejo de Gobierno.
El Representante Rodríguez Fuentes manifestó —contestando al Representante Alberdi— que él no se oponía a que se invitara al Gobierno: que protestaba del hecho de aparecer en un documento noto de haberse dado cuenta con él a la Asamblea, cuando ésta no tenía conocimiento de tal cosa.
El Presidente Méndez Capote y el Secretario Céspedes Quesada, presentaron de inmediato las renuncias de sus cargos, las que no hubieron de ser aceptados por la Asamblea, otorgándose a los dimitentes, por unanimidad, un voto de confianza, a solicitud del Representante Hevia Alcalde, con lo que se dió por terminado el incidente.
Presentes en ese acto los miembros del Consejo de Gobierno saliente, señores Rafael María Portuondo Tamayo, Severo Pina Marín y Santiago García Cañizares, con el Vice-Presidente Bartolomé Masó, éste desde el sitial de la Presidencia saludó a los asambleístas, evocando el recuerdo de la fecha del 10 de Octubre de 1868, —¡29 años atrás!— "para que las enseñanzas del pasado no fueran jamás desatendidas y sirvieran para mantener unidos a todos los cubanos en la obra hermosa de la independencia de la Patria".
Depositados en la mesa de la Presidencia el mensaje y la memoria que dirigieran a la Asamblea el Presidente y el Secretario del Consejo de Gobierno, se procedió a dar lectura al mensaje.
El Presidente de la Asamblea, doctor Méndez Capote, hizo saber al Presidente del Consejo de Gobierno, que la Cámara examinaría, serena e imparcialmente, la conducta del Gobierno, asegurando que con ánimo levantado y forma respetuosa emitiría libremente el juicio que le merecieran los actos realizados por el Consejo de Gobierno saliente.
En la sesión del día 11 se conoció de un escrito del General en Jefe, al que acompañaba una cuenta de los fondos recibidos e invertidos por él durante los dos años de su mando.
Por el Delegado doctor Eusebio Hernández, (quien en la sesión del día anterior se había manifestado contra el General en Jefe por entender que éste había influído en que no saliera electo por Las Villas) se propuso que dicho escrito quedara depositado para ser examinado independientemente de cuanto correspondiera al poder civil, a lo que el doctor Silva hizo notar que el artículo 17 de la Constitución desligaba al General en Jefe de la autoridad civil, (1) creándose por tanto el poder militar, a lo que adujo el Marqués de Santa Lucía, que el General en Jefe dependía del Consejo de Gobierno y que no existía tal poder militar.
El Delegado Silva expuso que el asunto no era decidir si la creación del poder militar independiente de la acción directa del Consejo de Gobierno, había sido aceptada o nó, que la Constitución de 1895 era obra de los Representantes del pueblo que no habían hecho otra cosa sino grabar en ella la voluntad de ese pueblo cuando promulgaron aquella Constitución que respondía a las necesidades de la guerra entonces naciente; que los hombres que la hicieron llevaron a su obra la mayor suma de patriotismo y la mejor buena fé; que no era posible se convirtieran de un instante a otro en sabios y expertos legisladores los que la víspera habían abandonado sus hogares para lanzarse a la vida azaros del revolucionario por la independencia de la patria; que bueno o malo lo hecho, a ello se debía hoy en gran parte el estado próspero en que se encontraban los cubanos.
Acordándose la creación de cuatro comisiones: de Guerra, de Hacienda, de Exterior y del Interior, el asunto se pasó a examen de la primera, que la integraban los Delegados Lope Recio, Alemán y Lacret Morlot.
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En la sesión celebrada por la Asamblea el día 13 se conoció de una comunicación del Presidente del Consejo de Gobierno, manteniendo distinto criterio al sustentado por los acuerdos de 19 de Septiembre anterior, solicitando de dicho Cuerpo que deliberara ya con su mayoría y expresara si sostenía aquellos acuerdos tomados a su juicio por una minoría ilegalmente constituída; y que para el caso en que así lo declarase, los miembros del Consejo de Gobierno individual y colectivamente entregarían sus poderes a la Asamblea, libres ya por el veredicto de ella, que es el del pueblo que representaba, de la responsabilidad que pudiera exigir el publo cubano por no haberse sostenido y hecho respetar su autoridad, siguiendo la que a su juicio, es la única y recta interpretación del proceso constitucional.
La Asamblea acordó por unanimidad ratificar expresamente los acuerdos tomados el día 19 de Septiembre, aceptados tácitamente en la sesión del día 10 del presente mes.
—(Acuerdo de 19 de Septiembre.—Autorizar a los miembros del Consejo de Gobierno que termino para que sigan en sus funciones administrativas y de mera tramitación, de acuerdo con las leyes vigentes, hasta tanto que la Asamblea resuelva otra cosa".
Habiéndose dado lectura al proyecto de Reglamento interior de la Asamblea presentado por la Comisión encargada de su redacción, se acordó a propuesta del Representante Alemán, que se dieran por aceptados desde luego todos los artículos que no dieran origen a discusión.
El Representante Padró Griñán solicitó de lo Asamblea y ésta así lo acordó, se pidieran al Consejo de Gobierno y se depositaran en la Secretaría para que los Representantes pudieran revisarlos cuando lo tuvieron por conveniente, los libros de Actas de la Asamblea de 1895 y los del propio Consejo.
En la sesión del día 14 lo Asamblea aprobó una moción del Representante Freyre Andrade, por la que se interesaba la designación de una Comisión que examinara y emitiera informe en relación con los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno, que no fueran de la competencia de ninguna de las Comisiones ya designadas; y cuya Comisión quedó integrada por los Representantes Freyre de Andrade, Moreno de la Torre y el propio Padró Griñán.
A solicitud de los Representantes Cosme de la Torriente, Freyre de Andrade y Collazo Tejada, la Asamblea tomó el acuerdo de tener al corriente de sus trabajos a la Delegación en el extranjero.
La Asamblea no volvió a reunirse hasta la tarde del 18 del propio mes de Octubre, conociéndose de una comunicación del Consejo de Gobierno de fecho del día anterior, con la que enviaba los libros de Actas de la Asamblea de 1895 y los que contenían las del propio Consejo.
La Presidencia informó a la Asamblea haberse recibido del Consejo de Gobierno los antecedentes relacionados con el doctor Fermín Valdés Domínguez y de una comunicación del propio doctor, solicitando se le concediera el derecho a defender la validez de su acta; acordándose que ambas cosas pasarían a la Comisión de Actas a sus efectos.
A solicitud de la Presidencia la Asamblea acordó que las Comisiones ya nombradas quedaran con carácter permanente y que a éstas pasaran paro su dictamen los distintos asuntos que se encontraban sobre la mesa.
La Presidencia informó encontrarse agrupadas las bases para la Constitución y que el Delegado Cisneros Betancourt había hecho presentación, entre otros documentos, de unas bases no ajustadas a las prescripciones reglamentarias; pero que no encontrándose presente el expresado Delegado para devolvérselas con el fin de que las modificara, había dispuesto no fueran admitidas, a lo que la Asamblea prestó su conformidad.
Quedando abierta discusión sobre las bases, la primera presentada por el Presidente y que hubo de ser aprobada por unanimidad, estaba concebida en los términos siguientes:
—"La Constitución llevará por título, Constitución de lo República de Cuba y tendrá por objeto organizar el Gobierno de la República y la vida del pueblo cubano durante el período que en lo misma se fije".
En esta sesión fueron aprobadas además las bases segunda y tercera, y en la celebrada al siguiente día 19 fueron aprobadas hasta la número 28.
Al iniciarse la sesión del día 20, el doctor Méndez Capote hizo las manifestaciones siguientes a la Asamblea; en el sentido de haberse visto en la necesidad de cumplir un penoso deber en defensa del prestigio de los Representantes y del decoro de la Asamblea, ya que el doctor Valdés Domínguez hubo de entregarle el día anterior un documento dirigido al Presidente de la Asamblea y a los señores Representantes, en el que se vertían injurias graves contra dicho Organismo y se calumniaba a los miembros de la misma, lo mismo que al Consejo de Gobierno, pidiendo que dicho documento fuera leído en las sesiones, pero que siendo siempre amigo de los temperamentos prudentes y conciliadores, había obtenido de dicho doctor que recogiera el documento en cuestión; pero que habiéndoseselo enviado nuevamente, insistiendo en que se diera cuenta del mismo a la Asamblea, y entendiendo que el caso de que se trataba estaba comprendido evidentemente en el artículo 73 de la Ley Penal, según el cual cometen el delito de desacato los que calumniaren e injuriaren a la Asamblea de Representantes en escrito a ella dirigido, así como los que injuriaren o calumniaren al Consejo de Gobierno, con publicidad, aunque fuere en escrito no dirigido a dicho Consejo; que no estando proclamado Representante el doctor Valdés Domínguez, no le comprendía el Reglamento de la Asamblea, a tenor del artículo primero del mismo, por lo que no le eran aplicables los artículos 70 y 71 de dicho Reglamento, y no estando tampoco comprendido en la Regla 5ª, Título 8°, Libro 2° de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regía como doctrina, y que era el único precepto que hablaba de la inmunidad parlamentaria, pues que, según esa citada Regla, la inmunidad comprendía sólo a los miembros de la Asamblea de Representantes, por las opiniones y votos que emitieren en la Asamblea en uso de sus facultades, caso en un todo distinto al de que se trataba, por lo que había procedido a denunciar el hecho a la autoridad judicial competente, que lo era el General Jefe del 3er. Cuerpo de Ejército, con inclusión de los documentos correspondientes, interesando se procediera a la instrucción de la consiguiente causa criminal al doctor Fermín Valdés Domínguez; significando a la vez que al proceder de ese modo entendía haber cumplido con su deber, sometiendo su conducta a la consideración de la Asamblea.
El Representante Alemán propuso a la Asamblea y ésta lo acordó por unanimidad, que se otorgara un voto de confianza al doctor Méndez Capote, por su actitud noble y prestigiosa en honor de la Asamblea y por su acertada resolución en visto del desacato cometido por el doctor Valdés Domínguez.
En esta sesión se aprobaron desde la base número 29 a la número 47 de la Constitución.
A propuesta de la Presidencia se procedió a elegir una Comisión, integrada por los Representantes Méndez Capote, Freyre de Andrade y Carlos Manuel de Céspedes, para que procediera a la redacción del articulado de la Constitución, conforme a las bases aprobadas; acordándose a la vez a propuesta del propio Presidente, el que los artículos adicionales a la Constitución se discutieran con toda amplitud como si fueran verdaderas bases.
El Representante Alemán presentó con el apoyo de los compañeros Silva y Torriente la siguiente moción, que hubo de ser aprobada por unanimidad:
—"Que se haga constar en el preámbulo de la Constitución, de manera solemne, la muy firme e invariable resolución del pueblo cubano de mantener la guerra por la Independencia mientras Cuba no alcance ésta, completa y absoluta de la Soberanía de España, como única contestación que los cubanos ofrecen a los que puedan creer (desconociendo su ardoroso amor a la Patria libre) en una posibilidad, por remota que fuere, de la terminación de la guerra por un tratado que no sea el de reconocimiento explícito, inmediato y absoluto de la independencia de Cuba".
El Representante Padró Griñán, interesó de la Asamblea se solicitara de la Delegación del Exterior los antecedentes de la estafeta que se estableciera con el extranjero en el año de 1896, lo que hubo de ser acordado con la advertencia sugerida por el Representante Freyre de Andrade, de que en el caso de tener que usarse algún nombre propio, éste fuera sustituido por el seudónimo.
A la sesión del día 22 concurrieron los miembros del Consejo de Gobierno Severo Pina, Rafael M. Portuondo y Santiago García Cañizares, ocupando asiento entre ellos el Marqués de Santa Lucía, ya que el objeto de la sesión era censurar los actos de dicho Organismo durante su existencia, cuya Presidencia ocupara durante el período que acababa de vencer.
Los Generales Masó y Roloff, Vice-Presidente del Consejo y Secretario de la Guerra, respectivamente, excusaron su asistencia fundándola en motivos de salud.
Dada lectura al dictamen emitido por la mayoría de la Comisión designada para examinar la memoria presentada por el Secretario del Exterior, se procedió a la aprobación del mismo después de ser ampliamente discutido.
Seguidamente se dió lectura al dictamen rendido por la Comisión encargada del examen de la memoria presentada por la Secretaría de la Guerra, cuyo final terminaba con formular a la Asamblea la petición de que adoptara las medidas necesarias a fin de que por el nuevo Gobierno se evitaran las causas que motivaran el desastre de dicho Organismo, "que no supo en tiempo colocarse en el lugar que le corresponde".
A preguntas del Secretario Portuondo Tamayo, —quien desempeñaba dicha Cartera con carácter interino por largo tiempo— en cuanto a quien se refiriera el dictamen en las frases finales de "que no supo en tiempo colocarse en el lugar que le corresponde", por el Representante Alemán, miembro de la Comisión dictaminadora se contestó que "a la Constitución de 1895".
Puesto a discusión el dictamen de la Comisión, que fué defendido por el Representante Alemán, quien pidió a la Asamblea su aprobación, por el Ex-Secretario Portuondo se procedió a refutar los cargos que se hacían al Ministro de la Guerra, hablando en idéntico sentido el ex-Secretario García Cañizares, ya que si ese Departamento carecía de datos, no era por falta de gestiones para adquirirlos, "sino porque tanto el General en Jefe como los de Departamentos no se han cuidado de remitirlos, a pesar de habérselos pedido insistentemente", a lo que hubo de replicar el Representante Alemán, que eso era contestar los cargos de un modo incompleto, ya que el argumento usado por ambos ex-Secretarios se volvía contra ellos, "porque el Gobierno no solamente debía pedir, sino exigir el cumplimiento de lo que pedía, porque para eso lo era".
El ex-Presidente del Consejo Cisneros Betancourt hizo la manifestación acerca de lo difícil que hubiera resultado el poder adquirir los datos, cuando estaba convencido de que ni el General en Jefe ni ningún otro jefe militar los poseía, a lo que hubo de replicarle el Representante Alemán en el sentido de no estimar cierta tal aseveración, ya que él en ocasión de desempeñar el cargo de Sub-Inspector del Ejército en Las Villas, poseía un archivo completísimo de todas esas materias.
Los ex-Secretarios Portuondo Tamayo y García Cañizares ampliaron sus argumentos contra el dictámen de la Comisión, el que hubo de ser aprobado por unanimidad al ser puesto a votación por la Presidencia.
Con la misma asistencia de los ex-miembros del Consejo de Gobierno que el día anterior, en la sesión del día 23 se procedió a dar lectura al dictámen emitido por la mayoría de la Comisión de los asuntos de la Secretaría de Hacienda, y en cuya parte dispositiva dice:
"Primero:—Que es lamentable que el Consejo de Gobierno haya puesto obstáculos a la recaudación, prohibiendo el ejercicio de ciertas industrias que de todas maneras habían de ejercitarse, y que indudablemente hubieran aumentado nuestro tesoro.
"Segundo:— Que la falta de recaudación en el Camagüey se relaciona directamente con la riqueza territorial.
"Tercero:—Que la carencia de datos de las recaudaciones en los provincias Occidentales, se debe a lo difícil que ha sido sostener allí las comunicaciones, y a la incompetencia de algunos funcionarios del Ramo; y
"Cuarto:—Que los gestiones verificadas por la Secretaría de Hacienda al hacer frente a las necesidades de la guerra, han sido altamente satisfactorias".
Del anterior dictámen que suscribían los Representantes Manuel Alonso y Mendoza Guerra, difirió el otro miembro de la Comisión Rodríguez Fuentes, toda vez que no había sido posible aclarar la inversión de determinada cantidad, por no existir constancia alguna de ser recibida por la persona a quien se decía haber sido entregada.
Después de un amplio debate en el que tomó parte la mayoría de los asambleístas, el dictamen de la mayoría hubo de ser aprobado por diez y ocho votos contra dos.
Después de una breve suspensión la sesión se reanudó, dándose lectura al dictamen emitido por la Comisión designada para conocer del informe rendido por el ex-Secretario del Interior, doctor Santiago García Cañizares, en el que se formulaban las conclusiones siguientes:
Primera:—Que los resultados obtenidos por la Secretaría del Interior no han correspondido a lo que el país tenía derecho a esperar y a lo que ha debido ser, no obstante los deseos y esfuerzos del señor Secretario para conseguirlo; y
Segundo:—Que el Consejo de Gobierno ha faltado a los preceptos Constitucionales concediendo a uno de sus miembros las facultades todas a que él, el Consejo, competen, aunque llevados y guiados del celo, patriotismo y buenos deseos para el mejor servicio de la Revolución.
Puesto a discusión el dictamen de que se trata, en ella terciaron varios Representantes y los ex-Secretarios García Cañizares y Portuondo Tamayo, y sometido a votación fué aprobado por unanimidad, a excepción de los Representantes Moreno de la Torre, Mendoza Guerra y Céspedes Quesada, que se abstuvieron de votar.
En la sesión del día 26 se dió lectura al informe emitido por la Comisión de Asuntos Generales, el que se manifestaba en el sentido de creer sus miembros ser "de su deber llamar la atención de la Asamblea sobre 3 acuerdos en su concepto desacertados y sobre los que es conveniente se establezca de un modo firme el criterio de la Representación Nacional, de modo que el Gobierno entrante no incurra en iguales equivocaciones y fije su vista en los dos que aún están vigentes para revocarlos o reconsiderarlos".
Por el primero de dichos acuerdos, que fué tomado en sesión celebrada el 21 de Noviembre de 1895, se concedieron al Agente Diplomático facultades que la Asamblea de "Jimaguayú" otorgaba al Consejo de Gobierno; y por los otros dos acuerdos son tomados en las sesiones de 26 de Junio de 1897, en que el Gobierno decreta la invasión de la Isla de Pinos y 13 y 29 de Agosto de ese mismo año en que declarando a Puerto Rico provincia cubana, se aplican temporalmente nuestras leyes y se decreta su invasión, autorizando a uno de los Generales cubanos para que sacara hasta mil soldados voluntarios Y a costa del Tesoro Nacional fuera a invadir la isla hermana, enviando al extranjero al Jefe de Sanidad Militar, para organizar aquella operación, asignándole un haber mensual.
Después de una amplia discusión, en la que tomaron porte el ex-Presidente del Consejo de Gobierno y el ex-Secretario Portuondo Tamayo, la Asamblea aprobó el informe por 17 votos.
En la propia sesión fué aprobada por unanimidad una moción suscrita por los Representantes Méndez Capote, Freyre de Andrade y Céspedes Quesada, por la que se proponía a la Asamblea que antes de disolverse dirigiera a nombre del pueblo cubano un manifiesto o todos los que se interesaban por la libertad y el porvenir de Cuba, haciendo constar, de modo solemne, razonado y enérgico, que la guerra no podía terminar sino con la independencia absoluta e inmediato de toda la Isla de Cuba, ya que ese y no otro había sido el objeto por el cual tomaran las armas los cubanos, constituyendo ello la solución definitiva del cubano, que implicaba la incompatibilidad irreductible existente entre Cuba y España, sin que otra alguna resultara decorosa ni admisible para los "mambises", ni ofreciera garantía de orden, de estabilidad y de progreso para el país y para todo el que mantuviera con él relaciones de cualesquier clase.
En la sesión del día 27 al darse lectura al articulado de la Constitución, por el Representante Collazo se advirtió que por el artículo 19 no se consignaba otro requisito para ser elegido Presidente de la República, que el tener treinta años de edad, siendo necesario a esa sola condición añadir el haber nacido en Cuba, porque de otro modo cualesquier recién llegado podría aspirar a ser electo Presidente o Vice-Presidente, con el mismo derecho que los ya residentes en la Revolución, lo que resultaría injusto y perjudicial al país.
Aunque el Representante Freyre de Andrade entendió que no era necesaria la condición cuya falta advertía el compañero Collazo, suscrita por el propio Freyre de Andrade y los Representantes Nicolás Alberdi, José Alemán y Manuel Despaigne, fué presentada la siguiente moción que fué aprobada por veinte votos, absteniéndose de hacerlo los Representantes Cisneros Betancourt y Céspedes Quesada.
—"Para los cargos de Presidente o Vice-Presidente, además de la condición de la edad, se requiere: ser cubano de nacimiento o ciudadano cubano con más de diez años de servicio a la causa de la independencia de Cuba".
La Asamblea conoció de tres dictámenes rendidos por la Comisión de Guerra, siendo el primero firmado por los Representantes Alemán, Lacret Morlot y Recio Loynaz, contrario en un todo a la solicitud formulada por el ex-Secretario del Interior, doctor Santiago García Cañizares, en el sentido de que se concedieron grados militares iguales a las consideraciones que disfrutaban, a los empleados civiles de la República, fundándose para ello en múltiples consideraciones, figurando entre ellas la muy atendible de que de accederse a lo solicitado, el propio doctor Cañizares vendría a ser Mayor General sin haber asistido a un solo combate en forma.
El segundo dictamen rendido por la propia Comisión a otra solicitud del propio doctor García Cañizares, de ascender a todos los Jefes y Oficiales que llevaran dos años en un mismo empleo, sin haber dejado de prestar servicio en el Ejército, también hubo de ser informado de manera desfavorable, entre otras razones por considerar que ello constituiría un privilegio a favor de Jefes y Oficiales, con olvido del resto del Ejército.
Y el tercer dictamen que decía: "La Comisión nombrada para el despacho de los asuntos de Guerra, tiene el honor de informar que en la solicitud del señor Temístocles Molina Derteano, que está plenamente justificado documentalmente:
"—Primero:—Que el citado Molina es Teniente Coronel del Ejército Peruano.
Segundo:—Que nuestro Agente en aquel país, señor Arístides Agüero, le ofreció el ascenso inmediato.
Tercero:—Que el Tenient Coronl Molina ha prestado otros servicios importantes a la Revolución. Pero la Comisión entiende que no es de su competencia resolver el caso objeto de su solicitud, concretándose o debiéndose limitar la Asamblea a recomendar al nuevo Consejo de Gobierno !a resolución breve y en justicia del caso".
Todos los dictámenes de que se trata fueron aprobados por unanimidad.
En la sesión del día 28 se dió lectura y quedó aprobado por unanimidad, el preámbulo de la Constitución, redactado en los siguientes términos:
—"Nosotros, los Representantes del Pueblo Cubano, libremente reunidos en Asamblea Constituyente, convocada a virtud del mandato contenido en la Constitución de 16 de Septiembre de 1895, ratificando el propósito firme e inquebrantable de obtener la Independencia absoluta e inmediata de toda la Isla de Cuba, para constituir en ella una República democrática e inspirándonos en las necesidades actuales de la Revolución, decretamos la siguiente:
"Constitución de la República de Cuba"
Seguidamente fueron aprobadas las siguientes bases adicionales:
Primera:—La Ley Penal vigente será revisada a los efectos de concordancia con la Constitución y hacer que las penas sean más efectivas.
Segunda:—La Ley Procesal será modificada a los efectos: 1° de hacerla más sencilla y aplicable, 29 de asegurar la independencia de los tribunales al regular su nombramiento, 3° de establecer que en las causas en que se impongan algunas de las penas de muerte, degradación privada o inhabilitación perpétua absoluta o especial, o menos que sea en juicio sumarísimo, puedo apelarse ante un Tribunal formado por funcionarios de grado superior a los que conocieron del asunto en primera instancia. Cuando la pena impuesta sea la de muerte se atenderá establecida y admitida de oficio la apelación, 49 de hacerse efectiva la responsabilidad judicial.
Tercera:—Se redactará la Ley de Organización Militar y las Ordenanzas Militares, haciendo constar en ellas: 1ª que el mando superior del Ejército corresponde al General en Jefe; 29 que habrá un Lugarteniente General para sustituirlo en caso de vacante; 3ª que el Gobierno nombrará y podrá separar libremente al General en Jefe y al Lugarteniente General; 4ª que habrá un Jefe para cada Departamento y un Jefe para cada Cuerpo de Ejército nombrado por el Gobierno, previo informe o a propuesta del General en Jefe los segundos; 59 que en los casos de incomunicación con el General en Jefe, puedan sustituírse los informes o propuestas que según la Ley debe emitir o hacer éste por los del Lugarteniente General.
Cuarta: Todas las fuerzas militares de la Nación forman un solo Ejército, que lo constituye el Estado Mayor General, el Cuerpo de Estado Mayor, los armas de Infantería, Caballería, Artillería y Cuerpo de Ingenieros y los Cuerpos Auxiliares Jurídico, de Sanidad y de Administración Militar.
Quinta:—Que el grado Militar sólo podrá perderse por causo de delito y en virtud de sentencia de un Consejo de Guerra o Tribunal competente; y
Sexta:—Nadie podrá ingresar en el Ejército con más categoría que la del empleo de Alférez, Teniente, Capitán o Comandante, según sus aptitudes a juicio del Consejo de Gobierno e informe del Secretario de la Guerra.
En lo propio sesión fué aprobada una moción de los Representantes Mendoza Guerra, Alemán y Lacret Molot, por la que se significaba que no habiéndose proveído de diplomas legales a numerosos Jefes y Oficiales muertos en acción de guerra, se recomendase de manera eficaz al Consejo de Gobierno dispusiera la expedición de los correspondientes despachos a los compatriotas muertos en cumplimiento del deber, con la antigüedad que les correspondiera, a fin de que fueran entregados a sus familiares como constancia del merecimiento de los desaparecidos.
También hubo de ser aprobada por el voto unánime de los asambleístas la siguiente moción, suscrita por los Representantes Alemán, Lope Recio y Mendoza Guerra:
—"Las brillantes campañas realizadas por el General en Jefe en Occidente y en el Departamento Oriental por el General García, mueven o los Representantes que suscriben a proponer a la Asamblea consigne en sus actas el entusiasmo del pueblo cubano por sus dos primeros caudillos que a tan envidiable altura han sostenido el prestigio de la Revolución en uno y otro Departamento en el presente año y que sin prejuzgar los actos del nuevo Gobierno le indique como esta Asamblea, legítima representación del pueblo cubano, vería con agrado confirmado al General Máximo Gómez, en su alto cargo de General en Jefe del Ejército y elevado el General Calixto García al no menos importante de Lugarteniente General. (2).
"Piden también los firmantes, que la Asamblea acuerde consignar un recuerdo a la memoria del atleta revolucionario Antonio Maceo, de los Generales José Maceo, Serafín Sánchez, Bruno Zayas y tantos otros héroes, que han muerto como valientes en los campos de batalla, sellando con su sangre, al igual que el gran Martí, la fé de sus ideales, por los que combatimos los cubanos: la independencia de la patria esclava".
La Asamblea aprobó otra moción presentada por los Delegados Alemán, Silva y Mendoza Guerra, por la que solicitaban de dicho Organismo recomendara al nuevo Gobierno dispusiera se legalizara prontamente la situación legal de numerosos Jefes y Oficiales que carecían de los correspondientes diplomas acreditativos de los grados que habían ganado en ruda labor contra el enemigo; así como también recomendar al propio Gobierno, que se llevaran elementos de guerra al Departamento Occidental, dada la necesidad que había de que Las Villas tuvieran medios de luchar con éxito, atrayendo al enemigo de La Habana y Matanzas, con lo que no solamente se aliviaría la situación de dichas provincias, sino porque la topografía del terreno permitía que en Las Villas se combatiera con mayores ventajas.
En sesión celebrada en la tarde del 29 de Octubre, a invitación del señor Presidente de la Asamblea fué firmada y jurada la Constitución por los veinte y dos miembros de que se componía dicho Organismo, ya que el doctor Fermín Valdés Domínguez no había podido tomar posesión del cargo y el doctor Eusebio Hernández Pérez no había vuelto a hacer acto de presencia con posterioridad a la sesión celebrada el día 11 de ese mismo mes.
En la propia sesión se procedió a la elección de las personas que debían componer el Consejo de Gobierno, con el siguiente resultado:
Presidente del Consejo:
Bartolomé Masó y Márquez.
Vice-Presidente:
Secretario de la Guerra:
Vice-Secretario:
Rafael de Cárdenas Benítez.
Secretario de Hacienda:
Vice-Secretario:
Saturnino Lastra González.
Secretario del Exterior:
Andrés Moreno de la Torre.
Vice-Secretario:
Nicolás Alberdi González.
Secretario del Interior:
Manuel Ramón Silva y Zayas.
Vice-Secretario:
Habiendo hecho renuncia del cargo de Secretario de la Guerra para que resultara electo el doctor Alemán, los Representantes Fernández de Castro y Freyre de Andrade hicieron uso de la palabra, manifestando que la Asamblea no debía aceptar esa renuncia ni ninguna otra que pudiera producirse, pidiendo a la vez al renunciante que desistiera de tal propósito.
La Asamblea así lo acordó y el doctor Alemán retiró la renuncio.
En dicho acto se dió lectura por el Presidente, doctor Domingo Méndez Capote, al manifiesto cuya redacción le fuera encomendada en sesión del día 26, el que hubo de ser aprobado por el voto unánime de los asistentes, acordándose su impresión para ser distribuído, figurando en el mismo la firma de todos los Representantes proclamados.
Dicho documento estaba redactado en los términos siguientes:
—"Los Representantes del Pueblo Cubano a todos los que se interesen por la libertad y el porvenir de Cuba. Un mandato de la Constitución de 16 de Septiembre de 1895 nos ha reunido en Asamblea Constituyente. Hemos deliberado con amplitud, en tranquilidad completa e inalterable, sobre todos los objetos de la convocatoria, y no hemos querido separarnos sin dirigir la voz, en momentos que nos son solemnes, a todos los que de algún modo se interesan por los asuntos de nuestra patria. Cuando el enemigo parece abandonar su sistema de "contestar a la guerra con la guerra", lo que supone el empleo de todos los medios que la iniquidad sugiere, para terminar la guerra con la acción política, lo que vale tanto como sustituir la crueldad con la perfidia, debemos nosotros en lenguaje alto y claro, ratificar uno vez más, los propósitos firmes y decididos que animan a los cubanos en la lucha desesperadamente sostenida contra España.
"Quien haya seguido con alguna atención el curso de nuestros sucesos, de cincuenta años a la fecha, sabrá positivamente el fin que, de modo inflexible, inspira nuestro conducto. El que conozca la situación verdadera de los asuntos cubanos no podrá nunca ser llamado a engaño. Ni leyes especiales, ni reformas, ni autonomía, nada que suponga, bajo cualquier nombre, forma y manera, la subsistencia de la dominación española en Cuba podrá dar término a la actual contienda. Independencia o muerte ha sido, es y será nuestro lema indiscutible y sacrosanto.
"No hemos tomado las armas en solicitud de medidas políticas que no resolverán nunca la cuestión que, con la ruina de nuestras propiedades, el abandono de nuestros hogares y la exposición de nuestras vidas, estamos ventilando. Ni España misma desconoce la incompatibilidad irreductible que ha existido y existe entre españoles y cubanos, que nos ha arrojado y nos sostiene en lo lucha y que no desaparecerá mientras no se arríe en Cuba la bandera que ha cobijado tantas matanzas y ha cubierto y amparado tantas iniquidades. Entre Cuba y España se extiende un océano insondable de lágrimas, bulle un agitado mar de sangre y se levanta una montaña inaccesible de odios y de rencores. Por eso queremos la independencia absoluta e inmediata de toda la Isla de Cuba.
"Queremos constituir un pueblo libre, ordenado, próspero y feliz sobre las ruinas de uno colonia exangüe, explotada y envilecida. Lo hemos dicho en todos los tonos, repetido en todas partes, consignado de todas las maneras. Lo dijo el Manifiesto de Monte-Christi, programa de esta Revolución, lo sancionó expresamente la Constitución firmada en "Jimaguayú" y lo ratifico la Ley que hoy hemos jurado guardar y en defensa de cuyos preceptos tenemos empeñadas nuestra dignidad y nuestra vida. La actitud asumida por los españoles no nos ha engañado, ni nos engañará. Los que ayer mismo condenaban jactanciosamente la solución autonómica, que simbolizaba para ellos la independencia de Cuba, hoy la brindan como recurso extremo con que atraernos a su tiranía ominosa. Después. . . ¡ah!, después volveríamos a ser los extranjeros en la propia tierra, los extraños en nuestra misma casa, los eternamente explotados. Concesión de autonomía! Añagaza para sostener una situación que se derumba. Con autonomía y sin autonomía, ellos, mandando, nosotros siempre obedeciendo, ellos, los amos, nosotros los esclavos de cuatrocientos años. Ni siquiera tratan de ocultar sus verdaderos propósitos. Lo han dicho todos: "concedemos la autonomía como medio de conseguir la paz, obtenida ésto, volverá la normalidad de las cosas". Es decir, volverá lo situación misma que nos lanzó a desafiar el poderío de la Metrópoli.
"Ya empieza a verse el proceso lógico de sus deseos. Ya son autonómicos, también, los conservadores intransigentes y los pretendidos reformistas. Ya está claramente manifestado el intento: establecer una autonomía a la española por los españoles y para los españoles. Nada nos importa. El asunto está decidido a nuestro favor en el terreno de los hechos, en el que no valen argucias ni habilidades. La situación en que la guerra ha colocado a Cuba y a España no permite otra solución que la independencia. España no puede sostener más tiempo una empresa que la aniquila y la desangra inútilmente. La oferta de hoy es una declaración explícita de su impotencia. Los españoles nos remiten leyes cuando no pueden mandar más soldados. Tratan de negociar la paz, porque no pueden continuar la guerra. Cuba arruinada, agobiada por una deuda enorme, con la perspectiva de una costosísima ocupación militar, entregada a la Administración más deshonrada y deshonrosa, oprimida por aranceles que impiden desenvolver sus elementos de riqueza, viviendo entre el recelo, las desconfianzas, y la intranquilidad y las miserias. Eso es lo que se pretende.
"Sólo la separación la permitirá aligerar su deuda, organizar una administración sencilla, dictar las leyes económicas que exigen sus necesidades, y garantizar la paz indispensable al desarrollo de sus intereses morales y materiales. Sin ella Cuba sería siempre vivero de descontentos, campo de trastornos incesantes, teatro de convulsiones interminables'.
"El pueblo que sostuvo la legendaria guerra de los Diez Años; que restañó después, solo y contra toda clase de obstáculos, su propiedad perdida; que practicó la vida constitucional en medio de innúmeras dificultades creadas al intento de exasperarle y que sostiene la presente lucha, tiene derecho a pedir que se le considere y que se le respete. Dentro del estado anormal que una Revolución supone, estamos dando lecciones de orden y de estabilidad a nuestros orgullosos progenitores. Mientras ellos pasan repetidamente de una situación aotra, cambian de política y de procedimientos y varían a menudo la jefatura de su Ejército, nosotros no hemos tenido más que una Ley: la Constitución de "Jimaguayú"; una política: hacer la guerra hasta obtener la independencia; un procedimiento: la generosidad y el perdón; un solo Gobierno: el que designaron nuestros Constituyentes; un Jefe Superior en el Ejército: el héroe de "Palo Seco" y de "Mal Tiempo". Nuestras instituciones han funcionado como en país pacífico y regularmente constituido. Lo que hacemos hoy, en plena guerra, es nuncio seguro de lo que haremos en la paz. Lo que somas es garantía de lo que seremos. Necesitamos vencer y venceremos. No hemos de cejar cuando ya se toca la realización de los ideales de tres generaciones. Seríamos absolutamente indignos de toda estimación, si después de haber lanzado al país a una lucha encarnizada, que ha traído su ruina y su miseria, que ha matado la flor de la juventud cubana y ha llevado el luto y la desolación o todos nuestros hogares, retrocediéramos, para volver suplicantes, avergonzados, confundidos y humillados a soportar un yugo que significa la degradación y el envilecimiento.
"Sólo con la victoria o con la muerte saldremos de los campos de Cuba Libre".
A las tres de la tarde del siguiente día, 30 de Octubre de 1897, en el mismo lugar, "La Yaya", (Camagüey) donde venía actuando desde el día 5 de ese mismo mes sin interrupción alguna, no obstante ser ello de conocimiento del enemigo, celebró su última sesión la Asamblea, procediendo a dar posesión de sus respectivos cargos a los miembros del Consejo de Gobierno, después de prestar el debido juramento con sujeción al siguiente interrogatorio, formulado por el Presidente de la Asamblea: ¿Juráis por vuestro honor de cubanos, guardar y hacer cumplir esta Constitución de la República de Cuba y desempeñar bien y fielmente el cargó que se os ha conferido?
Y a la contestación de sí, lo juramos, el doctor Domingo Méndez Capote añadió: "si así lo hiciéreis, la Patria os lo premie; y si no, os lo demande".
Con lo que se dió por terminado el período constituyente de 1897, declarándose disuelta la Asamblea.
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(1) "Artículo 17.—Todas las fuerzas armadas de la República y la dirección de las operaciones de la guerra estarán bajo el mando directo del General en Jefe, que tendrá a sus órdenes, como segundo en el mando, un Lugarteniente General, que lo sustituirá en caso de vacante".
(2) El nuevo Consejo de Gobierno en su primera sesión, celebrada en "La Yaba" el día 31 de Octubre de 1897, a propuesta del Secretario de la Guerra, doctor José B. Alemán, acordó confirmar al Mayor General MÁXIMO GOMEZ como General en Jefe del Ejército Libertador, y nombrar Lugarteniente General al Mayor General CALIXTO GARCIA IÑIGUEZ.